Cinco prioridades para que la tecnología mejore la educación

La idea de que la tecnología puede transformar la educación lleva décadas presente en el debate educativo. La expansión de la inteligencia artificial ha renovado las herramientas y multiplicado las expectativas, pero buena parte de las preguntas siguen siendo las mismas que acompañaron la llegada de los ordenadores a las aulas, la extensión de internet o la aparición de las primeras plataformas educativas. Ahora, sistemas capaces de generar contenidos, traducir materiales, adaptar ejercicios o analizar el progreso de cada estudiante parecen abrir nuevas posibilidades. La experiencia acumulada aconseja, sin embargo, examinar esas promesas con cuidado.

En ese contexto se publica Shaping the Future of Digital Education: A Global Conversation on How to Move Beyond Digital as Usual, el nuevo informe de UNICEF y EdTech Hub. El documento aparece en un momento de enorme expansión de la inteligencia artificial: la inversión mundial en esta tecnología superará, según sus datos, los dos billones de dólares en 2026, mientras que el capital riesgo destinado a tecnología educativa alcanzó los 2.600 millones en 2025, concentrado especialmente en plataformas y herramientas dotadas de IA. Al mismo tiempo, 273 millones de niños continúan sin escolarizar y muchos de quienes acuden a la escuela no adquieren competencias básicas como la lectura.

“Nuestro punto de partida no puede ser lo que la tecnología puede hacer. Debe ser lo que los niños necesitan para aprender”, escriben Pia Rebello Britto, directora mundial de Educación de UNICEF, y Verna Lalbeharie, directora ejecutiva de EdTech Hub. Con esa premisa, el documento reúne revisiones de evidencia, ensayos de especialistas y estudios de caso de diez países. El análisis se desarrolla en dos niveles que también organizan este artículo. Primero veremos qué ha aprendido la educación después de veinticinco años de digitalización. A continuación, explicaremos las cinco recomendaciones que UNICEF y EdTech Hub extraen de esa experiencia.

El propósito consiste en establecer qué preguntas deben plantearse gobiernos y escuelas antes de invertir y qué señales permiten distinguir una innovación educativa valiosa de una simple operación destinada a desplegar tecnología en las aulas.

Qué sabemos después de veinticinco años de educación digital

El informe revisa qué sabemos sobre el uso de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial en la educación: qué condiciones permiten aplicarlas a escala, qué impacto tienen sobre el aprendizaje, hasta qué punto favorecen un acceso más equitativo, qué riesgos plantean para la seguridad y el bienestar de los estudiantes y cómo pueden ponerse al servicio de la enseñanza. Para ordenar ese análisis, utiliza los cinco pilares del marco EdTech for Good 2.0: preparación del contexto, impacto educativo, acceso inclusivo, seguridad y bienestar, y diseño para la enseñanza y el aprendizaje.

El primer pilar es la preparación del contexto. Una plataforma puede obtener buenos resultados en un proyecto piloto y fracasar al extenderse a todo un país. Para funcionar a escala necesita electricidad, conectividad, dispositivos, contenidos vinculados con el currículo, asistencia técnica, docentes preparados y una administración capaz de gestionarla. También debe responder a las lenguas y condiciones materiales de sus destinatarios. Al precio del hardware se suman el mantenimiento, la reposición, las actualizaciones, el soporte y la formación. El informe propone planificar la renovación anual de entre el 20 y el 25 por ciento de los dispositivos.

La gobernanza forma parte de esa preparación. Cuando los ministerios colaboran con proveedores privados, cada decisión debería aumentar la capacidad pública para dirigir o gestionar la plataforma de forma independiente. Esto exige atender a la interoperabilidad, la propiedad de los contenidos, las licencias, el control de los datos y la posibilidad de cambiar de proveedor. Algunas ofertas subvencionadas pueden responder a una estrategia comercial orientada a ganar cuota de mercado y generar dependencia. Una herramienta gratuita hoy puede crear costes económicos y técnicos mañana.

El segundo pilar es el impacto educativo. El tiempo de uso, los módulos completados o las respuestas correctas en los cuestionarios de una plataforma informan sobre lo que ocurre dentro de ella, pero no demuestran que los alumnos estén aprendiendo. Los autores recomiendan evaluaciones comparables, seguimiento a largo plazo y datos desagregados. La evidencia señala que las herramientas resultan más eficaces cuando ayudan al docente a conocer el nivel de cada alumno y ajustar la enseñanza. También pide relacionar los resultados con todos los costes de implantación para saber qué mejora puede esperarse y a qué precio por estudiante.

El acceso inclusivo constituye el tercer pilar. Las niñas, el alumnado con discapacidad, los niños que viven en zonas rurales o afectadas por conflictos y quienes hablan una lengua distinta de la empleada en la escuela afrontan barreras que pueden acumularse. El informe propone combinar aplicaciones sin conexión, plataformas de bajo consumo de datos, tecnologías de apoyo, contenidos accesibles y enseñanza en lenguas locales. La IA puede acelerar la traducción y adaptación de materiales, pero necesita la supervisión de educadores, lingüistas y especialistas en accesibilidad.

El cuarto pilar reúne seguridad y bienestar. Las plataformas recopilan información delicada sobre menores: identidad, comportamiento, rendimiento o necesidades de apoyo. El documento reclama control público y soberanía nacional sobre esos datos, configuraciones de privacidad elevadas, recopilación mínima de información, ausencia de publicidad dirigida y mecanismos de reclamación. También recoge riesgos relacionados con la reducción de la interacción humana, la dependencia y la exposición a contenidos perjudiciales. Por ello recomienda apoyar a las familias y garantizar periodos regulares de juego y aprendizaje sin pantallas.

El quinto pilar se refiere al diseño para enseñar y aprender. La novedad técnica o el atractivo comercial de un producto no justifican su entrada en el aula. La decisión debe partir de un problema educativo. Los profesores han de participar en la selección y el diseño de las herramientas. La IA puede reducir tareas rutinarias, pero también generar trabajo invisible, dependencia de recomendaciones automáticas o pérdida de capacidades profesionales. El informe cuestiona además que toda política digital deba proporcionar un dispositivo a cada estudiante: compartir equipos o utilizarlos bajo la dirección del profesor puede ser más sostenible y favorecer la colaboración.

Cinco recomendaciones para pasar de la evidencia a las decisiones

De esta revisión, UNICEF y EdTech Hub extraen cinco prioridades. Funcionan como criterios para decidir qué tecnologías incorporar, cómo hacerlo y bajo qué condiciones merece la pena ampliarlas.

1. Convertir la equidad en el principal criterio de inversión. Las intervenciones deben dirigirse primero a los niños que afrontan mayores barreras por pobreza, discapacidad, género, lengua, desconexión o desplazamiento. Esto supone diseñar con las comunidades, escuchar a niños, docentes y familias, e invertir en contenidos accesibles, culturalmente pertinentes y disponibles en las lenguas de los estudiantes. También obliga a comprobar quién se beneficia y quién continúa excluido. Ningún modelo de contratación o implantación produce equidad de manera automática.
2. Exigir seguridad y privacidad antes de que las herramientas lleguen a las aulas. Las garantías deben incorporarse en la contratación, antes de que una plataforma se utilice con menores. El informe reclama protección desde el diseño, evaluaciones de impacto sobre los derechos de la infancia, recogida mínima de datos, configuraciones de privacidad exigentes y procedimientos claros de reclamación y respuesta. La vigilancia debe continuar después de la implantación para conocer los efectos sobre la seguridad y el bienestar de los estudiantes y actuar cuando se produzca un daño.
3. Situar la pedagogía y a los docentes en el centro. La tecnología debe responder a un problema educativo claramente definido. Los profesores tienen que intervenir como responsables de las decisiones y codiseñadores, y la IA debe ampliar su capacidad profesional en lugar de sustituirlos o reducirlos a tareas de apoyo. Esto requiere formación inicial y continua, soluciones adaptadas al contexto y herramientas que ayuden a identificar el nivel del alumnado, seguir su progreso y orientar la enseñanza.
4. Comprobar la sostenibilidad antes de ampliar una intervención. La adecuación al contexto, la interoperabilidad y la relación entre costes y resultados deben ser requisitos previos. La compra ha de contemplar conectividad, mantenimiento, renovación de equipos, formación y asistencia técnica. Los contratos deben prever cómo transferir datos, contenidos y credenciales si cambia el proveedor. En determinados contextos, un dispositivo compartido o utilizado por el docente puede resultar más útil y sostenible que uno por alumno. Los gastos recurrentes necesitan además un lugar estable en los presupuestos nacionales antes de que termine la financiación externa.
5. Fortalecer la capacidad para producir y utilizar evidencia. Que una herramienta funcione en algunas escuelas no demuestra que pueda aplicarse en todo el sistema con la misma calidad. La ampliación debe realizarse por etapas, con decisiones que permitan adaptar, continuar o detener el programa. Las evaluaciones han de medir aprendizaje, equidad, seguridad, bienestar y costes durante toda la vida de la intervención. El informe pide integrar esta capacidad en los sistemas públicos, en vez de depender únicamente de evaluaciones externas o de los datos ofrecidos por las propias plataformas.

Más allá de la digitalización habitual

El informe aplica estas exigencias a su propia elaboración. Sus revisiones fueron dirigidas por investigadores y asistidas por NotebookLM, Elicit y Claude. La IA permitió cubrir una bibliografía más amplia, pero no aceleró el trabajo: el tiempo ahorrado al procesar información se empleó en comprobar fuentes, corregir errores y revisar borradores. La experiencia resume una de sus ideas centrales. La utilidad de la tecnología depende de la calidad de los procesos humanos e institucionales que la rodean.

La conclusión se aleja de presentar la IA como una solución automática o como una amenaza que deba rechazarse. Puede ampliar las posibilidades de aprender si existen objetivos educativos claros, control público y recursos para sostenerla. Sin esas condiciones, puede profundizar los problemas que prometía resolver.

Ir “más allá de la digitalización habitual” significa cambiar la medida del éxito. El progreso ya no debería expresarse únicamente mediante el número de dispositivos entregados, licencias contratadas o usuarios registrados. Debería juzgarse por lo que cambia en el aprendizaje, la participación, la seguridad y el bienestar de los niños. Las cinco recomendaciones ofrecen una guía para realizar ese cambio: comenzar por quienes más apoyo necesitan, proteger sus derechos, preservar la función docente, calcular las consecuencias futuras de cada inversión y exigir evidencias antes de ampliarla.