Una emergencia puede interrumpir las clases de un día para otro. Recuperarlas lleva más tiempo. Entretanto, los niños siguen creciendo: cumplen años, olvidan parte de lo aprendido y alcanzan la edad de pasar a secundaria, aunque apenas hayan podido completar la primaria. Para quienes organizan su educación, cada curso plantea una responsabilidad que se prolonga más allá de la respuesta inicial.
En el Observatorio ProFuturo ya hemos explicado las dificultades que encuentran los niños y niñas refugiados para estudiar y cómo puede ayudar la educación digital en contextos humanitarios. También hemos abordado las necesidades de los docentes que trabajan en esos entornos. Estas experiencias de las que hemos hablado permiten entender cuánto cuesta recuperar la vida escolar en esas circunstancias. Aquí nos detenemos en lo que sucede después: cómo sostener un programa para que acompañe a sus alumnos mientras avanzan en sus estudios.
La guía Education in Emergencies: A Guidance Document for Education Specialists, de EdTech Hub, permite examinar ese recorrido. Reúne orientaciones basadas en la evidencia disponible, especialmente para programas de lectura y matemáticas básicas que trabajan con los gobiernos.
Entre sus aportaciones, hay cuestiones poco evidentes en el relato habitual de una intervención humanitaria, más centrado en la ayuda inmediata: las condiciones de un contrato, el dinero reservado para reparaciones o los acuerdos que permitirán reconocer lo aprendido. En este artículo, hablaremos de ellas, pues son imprescindibles para la sostenibilidad de los programas y para que la escolarización de los menores pueda seguir adelante incluso en las condiciones más adversas.
Pensando más allá de la emergencia
En las primeras semanas de una crisis, recuperar el contacto con los estudiantes ya exige un esfuerzo considerable. Es preciso localizar a las familias y conocer los medios que tienen a su alcance. Los profesores pueden haberse desplazado también, y las condiciones para enseñar cambian mientras se organiza la respuesta. Disponer de materiales y de una forma segura de utilizarlos ayuda a restablecer cierta actividad escolar. A partir de ahí comienza un trabajo que irá cambiando con las necesidades de los niños.
Cuando transcurren los meses, mantener ese contacto resulta insuficiente para orientar la enseñanza. Hay que saber qué conocimientos conservan los alumnos y cuáles necesitan recuperar. En un mismo grupo pueden coincidir estudiantes con interrupciones escolares muy distintas. Algunos deberán aprender, además, en una lengua diferente de la que utilizaban antes. La actividad que sirvió para retomar las clases tendrá que evolucionar hasta ofrecer una enseñanza con la que puedan progresar.
La guía organiza la respuesta en cinco fases, desde la preparación anterior a una emergencia hasta la integración de los programas en los sistemas educativos. Entre ambas contempla la actuación rápida y dos etapas posteriores con diferentes grados de estabilidad. Esta distinción permite ajustar las decisiones al momento de la crisis, aunque el documento reconoce que los avances pueden ser intermitentes. El aprendizaje necesita continuar también durante esos momentos de incertidumbre.
Por eso, las primeras elecciones tecnológicas importan durante mucho tiempo. Por ejemplo, una plataforma desarrollada para responder a una necesidad concreta requerirá mantenimiento y quizá modificaciones cuando cambien los contenidos o los estudiantes. Por eso, antes de encargarla, EdTech Hub propone revisar las soluciones existentes y valorar si pueden adaptarse. Esa revisión permite conocer qué recursos están disponibles y cuánto esfuerzo supondrá mantenerlos. También conviene consultar a las autoridades educativas: las herramientas y los materiales que ya utilizan pueden facilitar la conexión posterior con las escuelas.
Las familias ayudan a entender qué podrá sostenerse en la práctica. Un teléfono compartido estará disponible a determinadas horas; una conexión que exige pagar datos dependerá del presupuesto doméstico. Conocer esas condiciones desde el comienzo permite escoger formas de enseñanza que los niños puedan seguir utilizando. La duración del programa dependerá de su financiación, pero también de que encuentre un lugar posible en la vida cotidiana de quienes participan.
Los gastos del futuro
Conforme el programa se prolonga, aparecen gastos que la entrega inicial de equipos apenas permite apreciar. Las baterías pierden capacidad y los cargadores se extravían. Las aplicaciones necesitan actualizaciones. Habrá docentes que se incorporen y requieran formación para utilizar los recursos. Todo ello forma parte del funcionamiento habitual de una intervención digital y debe tener un lugar en sus cuentas.
La guía propone calcular el coste completo de la tecnología durante su vida útil. Esto significa estimar cuánto costará adquirirla y cuánto hará falta para usarla, adaptarla y sustituirla llegado el momento. El cálculo permite comparar alternativas considerando el servicio que podrán prestar a lo largo de los años. Una oferta de compra más barata puede llevar asociados gastos de reparación o de asistencia que resulten difíciles de asumir después.
La posibilidad de reparar un dispositivo cerca de la escuela, por ejemplo, afecta al coste y al tiempo durante el que estará fuera de uso. Si hay repuestos disponibles y alguien que pueda realizar el arreglo, volverá antes a manos de sus usuarios. Si es necesario enviarlo lejos, habrá que prever cómo organizar las actividades mientras se espera. La durabilidad de los equipos y la compatibilidad con accesorios que puedan conseguirse en el entorno adquieren así un valor educativo concreto.
EdTech Hub recomienda incorporar a los contratos garantías y servicios de mantenimiento, con responsabilidades acordadas. La misma atención debe prestarse a las herramientas digitales: conviene que puedan intercambiar información con otros sistemas y que los datos puedan trasladarse si cambia el proveedor. Para quienes gestionan el programa, conservar esas posibilidades evita que una decisión inicial limite las adaptaciones futuras.
También la procedencia del dinero puede cambiar. Los fondos destinados a actuar con rapidez suelen tener plazos diferentes de los que financian servicios educativos durante años. Anticipar esa transición ayuda a prever posibles retrasos y a buscar acuerdos que permitan continuar. Cuando la intervención empieza a vincularse con los planes educativos nacionales, su presupuesto debe considerar qué gastos podrán asumir las instituciones y qué apoyos seguirán necesitando. De esa conversación depende que el próximo curso encuentre recursos disponibles.
Mantener la experiencia ganada
El dinero permite mantener los servicios, pero su funcionamiento depende también del conocimiento acumulado por quienes trabajan en ellos. Con el tiempo, los equipos aprenden a resolver fallos y los profesores descubren qué ajustes ayudan a sus alumnos. Parte de esa experiencia queda en procedimientos escritos, pero otra permanece en las personas que saben cómo actuar cuando algo se complica. Un cambio de equipo puede revelar hasta qué punto el programa dependía de ese conocimiento.
La guía identifica dificultades para sostener intervenciones cuando la información necesaria para gestionarlas permanece en manos de consultores o entidades cuyos contratos han terminado. Su recomendación es documentar el trabajo mientras se desarrolla y actualizar las instrucciones a medida que se introducen cambios. Así, la persona que asuma una responsabilidad podrá conocer cómo funciona el servicio y qué decisiones se tomaron antes de su llegada.
Para que esa información sirva, tiene que responder a las tareas reales. Un responsable necesitará saber cómo actualizar los contenidos o recuperar el acceso a una plataforma. El profesor deberá contar con una forma sencilla de comunicar una incidencia y obtener ayuda. Preparar ese apoyo requiere personas con tiempo para atenderlo y formación para hacerse cargo de los problemas. Transferir responsabilidades exige prever también los recursos con los que podrán ejercerlas.
Los permisos de uso son otra parte de esa preparación. Una organización puede tener acceso a unos materiales y necesitar autorización adicional para traducirlos o modificarlos. Si el programa debe adaptarse a otra lengua o a un currículo distinto, esas condiciones influirán en su capacidad de continuar. Revisarlas desde el principio permite acordar qué podrá hacerse con los recursos cuando cambien las necesidades.
La autonomía de los equipos locales se construye durante ese trabajo compartido. Las organizaciones pueden seguir acompañándolos mientras adquieren experiencia y las instituciones incorporan nuevas funciones. Cada contexto determinará la duración de ese apoyo. Lo importante es que quienes asumirán la gestión participen en las decisiones y dispongan de medios para sostener lo acordado.
Que aprender permita seguir estudiando
Para los alumnos, la continuidad se mide en la posibilidad de avanzar. Después de recuperar conocimientos durante una emergencia, necesitarán incorporarse a una escuela o pasar al curso siguiente. Ese momento puede exigir acreditar lo que han aprendido y encontrar una vía de acceso adecuada a su edad y a su preparación. La evaluación de sus progresos ayudará a decidir qué apoyo necesitan y cuándo están preparados para dar ese paso.
La relación con los currículos nacionales y con las formas de certificación ocupa un lugar importante en la guía. Trabajar con las autoridades educativas permite preparar el paso desde un programa no formal hacia la escolarización formal. Durante la respuesta inicial, esa coordinación puede ser limitada. Conforme la intervención se organiza, decidir qué se enseña y cómo se evalúa ayuda a conectar el aprendizaje con las exigencias del sistema que recibirá a los estudiantes.
La preparación debe considerar trayectorias muy diferentes. Un adolescente puede necesitar recuperar conocimientos de primaria; otro alumno quizá deba familiarizarse con la lengua de enseñanza del país de acogida. Los programas de recuperación permiten atender esos desfases, siempre que tengan un recorrido definido y una conexión con las opciones educativas posteriores.
Ese trabajo institucional tiene límites que el documento reconoce: determinadas situaciones de desplazamiento o colapso estatal requieren orientaciones específicas, fuera de su alcance. Las posibilidades de colaboración deberán valorarse en cada lugar. Allí donde existan, los acuerdos sobre el reconocimiento del aprendizaje merecen empezar pronto, mientras se prepara la enseñanza.
Los niños seguirán creciendo durante todo ese proceso. El que hoy recupera la lectura necesitará después una escuela donde continuar; quien está terminando primaria tendrá que encontrar un lugar en secundaria. Hacer que la ayuda dure significa preparar esas posibilidades mientras se atiende la urgencia. Para que volver a clase sea el comienzo de una escolarización que pueda seguir adelante.
Equipo Observatorio ProFuturo 
