La tecnología digital en el ámbito educativo se está convirtiendo en un derecho humano incuestionable. Los Estados reconocen su papel fundamental en el cumplimiento del derecho universal a una educación pública, gratuita y de calidad. En todo el mundo, los ecosistemas educativos están experimentando una transformación radical en cuanto a qué, cómo y dónde se aprende. La pandemia de la COVID-19 ha acelerado aún más este cambio, impulsando la adopción masiva de herramientas digitales como un medio para asegurar la resiliencia, la preparación para el futuro y un desarrollo inclusivo y sostenible.
Sin embargo, la realidad es que cada sistema educativo se encuentra en diferentes etapas de transformación digital, enfrentando desafíos únicos en el camino. Algunos luchan con la conectividad y el acceso a contenidos digitales, mientras que otros se ven limitados por capacidades y restricciones económicas. Además, la equidad y la inclusión siguen siendo áreas críticas a abordar, ya que las comunidades rurales, los países de bajos ingresos y los grupos marginados continúan desconectados.
En este contexto, abordar estas disparidades y trabajar arduamente para asegurar que nadie quede rezagado en la era de la transformación digital educativa se ha convertido en un imperativo que no puede esperar.
¿Qué es la DTC?
Durante el mes de octubre de 2022, la Cumbre sobre la Transformación de la Educación (TES) consiguió situar la educación -y con ella la transformación digital en la educación- en lo más alto de la agenda política mundial. El objetivo: movilizar la acción cooperativa y avanzar en la consecución del ODS 4. Como resultado de este compromiso, los miembros de la Coalición Mundial por la Educación, un mecanismo de respuesta a las crisis nacido hace tres años para responder a la crisis pandémica, se unieron para formar la Colaboración para la Transformación Digital (DTC, por sus siglas en inglés).
Formada por 30 de los miembros de la Coalición y liderada por la UNESCO, la DTC es una colaboración público-privada que incluye entre sus filas a organizaciones multilaterales, empresas tecnológicas, proveedores de telecomunicaciones, ONG, fondos y fundaciones.
Todos estos actores, entre los que se encuentran compañías como Google, Microsoft, Ericsson, KPMG o la Fundación ProFuturo, poseen recursos y experiencia en el ámbito de la tecnología digital y se han comprometido a trabajar en conjunto con los países para desarrollar asociaciones sinérgicas a largo plazo, con el fin de mejorar la vida de las personas a través de la tecnología digital aplicada a la educación.
El enfoque principal de esta colaboración público-privada radica, por un lado, en la movilización de recursos, tanto en especie como financieros, y por otro, en el compromiso de los países para llevar a cabo acciones en sus sistemas educativos que tengan un impacto significativo a nivel nacional.
La idea, según Borhene Chakroun, de UNESCO, es unirse y coordinar los recursos de manera inteligente para poder escalar las mejores prácticas y construir políticas, planes y programas nacionales para la transformación digital de la educación, que sean sostenibles y sistémicos. Ser, en palabras de Dina Ghobashy, de Microsoft, una especie de laboratorio de innovaciones para movilizar la investigación y ayudar a diseñar soluciones con respecto a los desafíos específicos de cada país. Compartir experiencia, ampliar mejores prácticas, ayudar a los gobiernos a dar el salto y a evitar los escollos más frecuentes.
La idea es unirse y coordinar los recursos de manera inteligente para poder escalar las mejores prácticas y construir políticas, planes y programas nacionales para la transformación digital de la educación, que sean sostenibles y sistémicos.
Las cinco “C” de la madurez digital
Pero, ¿cómo se concreta esto? ¿Cómo pasar de las declaraciones a los resultados concretos? ¿Por dónde empezar? Lo primero debería ser saber en qué situación o momento de su transformación digital se encuentran cada uno de los países. Para saber esto se utiliza el concepto de madurez digital.
La madurez digital se refiere a la capacidad de una organización para adaptarse y utilizar de manera efectiva las tecnologías digitales. En educación la madurez digital se articula en torno a cinco conceptos:
- Coordinación y liderazgo: una visión articulada a largo plazo con metas y objetivos medibles, marcos políticos y objetivos estratégicos. Administraciones coordinadas y acceso a los datos para tomar decisiones basadas en evidencia.
- Coste y sostenibilidad: Presupuestos sostenibles y respaldados por informes centrados en el impacto y vinculados a los objetivos estratégicos regionales.
- Conectividad e infraestructuras: Acceso adecuado a los recursos de aprendizaje (hardware y software), electricidad, acceso a internet y espacios de aprendizaje adecuados y seguros.
- Capacidades y cultura: Acceso del personal a oportunidades de desarrollo profesional y competencial basados en una cultura de la innovación. Esta cultura de la innovación educativa debe trascender las fronteras de la escuela y ha de alcanzar igualmente a las familias y la comunidad.
- Contenidos y planes de estudio: Contar con planes de estudio, contenidos y vías de aprendizaje pertinentes y que respondan a las necesidades de la sociedad.
A partir de estos cinco temas clave, la DTC está trabajando en un modelo de madurez en tres etapas que sirve para ayudar a los países a situarse en el camino de la transformación digital de la educación. Así, en función de los criterios que cumpla cada país podrá situarse en una etapa “emergente”, “en progreso” o “sobresaliente”.
¿Y cómo se definen estos criterios para cada una de las etapas?
Los siguientes pasos se encaminan hacia la selección de dos o tres países que se sitúen en cada uno de estos niveles (emergente, en progreso y sobresaliente) para desarrollar junto a ellos un proyecto de transformación digital en sus sistemas educativos a través de la asociación entre los distintos actores implicados y la movilización de los recursos adecuados.
Porque en temas de transformación digital no tenemos soluciones de talla única, la DTC está trabajando para perfeccionar su modelo de cooperación, algunos de cuyos aspectos serán personalizables en función de las necesidades identificadas por los países, así como analizando qué modelos y mecanismos financieros han funcionado en cada momento.
Las asociaciones público-privadas pueden desempeñar un papel muy valioso en la reducción de la brecha educativa y esta Colaboración es un gran ejemplo de ello. Aprovechar los recursos, la experiencia y la capacidad de innovación del sector privado en colaboración con el sector público servirá para impulsar mejoras significativas en el acceso y la calidad de la educación, beneficiando a las comunidades y generando con ello un impacto positivo en toda la sociedad.
