“La educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de la pobreza”. Lo dice la ONU. Sin embargo, a pesar de los avances a la hora de ampliar el acceso a la educación en las escuelas de todos los niveles, aproximadamente 260 millones de niños en todo el mundo aún siguen fuera de la escuela. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 es “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Para ello, una de sus metas es asegurar que todas las niñas y niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.
Esto es: 12 años de educación gratuita de calidad para todos los niños del planeta. ¿Qué dicen los datos? ¿Está siendo garantizado el derecho de todas las niñas y niños a una educación en igualdad de condiciones? Teniendo en cuenta que 350 millones de niños en el mundo están siendo educados por actores no estatales, el nuevo Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (Informe GEM) de la UNESCO, publicado en el mes de diciembre, analiza el papel y el impacto de la educación privada en el mundo e interpela a los gobiernos para que garanticen que todos los actores que intervienen en la educación, privados y/o públicos, respetan los valores de la equidad para que todas las niñas, niños y jóvenes puedan desarrollar su potencial.
El informe concluye que es preciso abordar la disparidad en los procesos educativos que hacen, por ejemplo, que el 8% de las familias de los países más pobres tengan que pedir dinero prestado para enviar a sus hijos a la escuela. Este porcentaje, que alcanza el 30% en algunos países como Filipinas, Uganda, Haití y Kenia.
El informe también muestra cómo los costes de la educación recaen sobre los hogares de forma desproporcionada en los países más pobres. Así, en países con ingresos bajos y mediano-bajos, los hogares cubren el 39% del coste de la educación y el gobierno el resto, frente a solo el 16% en los países de altos ingresos.
El estudio, titulado ¿Quién elige? ¿Quién pierde?, demuestra que, igualmente, la educación pública conlleva considerables costos ocultos en los países de ingresos bajos. Un análisis de 15 países muestra, por ejemplo, que los uniformes y el material escolar representan casi dos quintas partes del gasto educativo de los hogares.
“Los gobiernos deben establecer estándares mínimos en las escuelas estatales y no estatales para garantizar que las y los estudiantes más desfavorecidos tengan las mismas oportunidades de beneficiarse de una educación de calidad”, afirma Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO. “Se necesitan urgentemente mecanismos de financiación equitativos. Los que viven en contextos más desfavorecidos no deben ser penalizados”, agrega.
Según afirma la UNESCO en su informe, la falta de reglamentación adecuada sobre la educación privada, o de la capacidad para hacerla cumplir, socava la calidad de la educación y amplía la brecha educativa entre ricos y pobres.
¿Cómo solucionar esta situación? ¿Qué pueden hacer los países para poner la equidad en el centro de sus políticas educativas? La UNESCO presenta cinco recomendaciones:
- Mayores esfuerzos para garantizar la educación gratuita. Redoblar los esfuerzos para garantizar el acceso gratuito y financiado con fondos públicos a un año de educación preescolar y 12 años de educación primaria y secundaria para todos los niños y jóvenes. Sin embargo, uno de cada tres países dedica a la educación menos del 4% del producto interior bruto o menos del 15% de su gasto público total – los referentes mínimos acordados internacionalmente.
- Estándares de calidad comunes. Establecer estándares de calidad que se apliquen a todas las instituciones educativas estatales y no estatales, ya que los sistemas paralelos con diferentes expectativas, materiales y condiciones de trabajo tienen un efecto negativo en la construcción de un sistema de educación coherente para todo el alumnado.
- Reforzar la capacidad gubernamental para realizar el seguimiento de la reglamentación y hacerla cumplir. En la práctica, muchas reglas están mal diseñadas o se aplican de manera insuficiente, lo que deja la puerta abierta a la mala conducta. Los gobiernos deben establecer una relación de confianza con los proveedores no estatales, instando a que se registren, eliminando la arbitrariedad de las reglas y comunicándoles incentivos adecuados para que dirijan sus escuelas de forma eficaz en beneficio de las y los estudiantes.
- Fomentar la innovación para el bien común y reunir a todos los actores que la desarrollan. Los gobiernos deben trabajar en colaboración con todos los actores para aprender, recopilar y evaluar las buenas prácticas y proporcionar recursos que les permitan intercambiar experiencias, y pilotar y ampliar las buenas ideas.
- Proteger a la educación de estrechos intereses privados. Mantener la transparencia e integridad de la educación pública ayuda a proteger a las y los estudiantes más desfavorecidos.
¿Quién elige? ¿Quién pierde?, se pregunta la UNESCO en el título de esta edición de su informe anual sobre el estado de la educación en el mundo. Este informe, según reza en su prólogo, invita a los formuladores de política a cuestionarse sus relaciones con los actores no estatales de la educación en términos de elecciones fundamentales. Por ejemplo, y esto explica el título, libertad de elección o equidad. Sus datos también muestran que muchos sistemas educativos no están protegiendo convenientemente los intereses de las personas más desfavorecidas. Es hora de poner la equidad, de verdad, en el centro de nuestras políticas educativas. Para que todos podamos elegir y no pierdan los de siempre.